Por Bruno Moreyra
Desde la última reforma constitucional, el desarrollo y preservación medioambiental comenzó a tener mayor insipiencia en las agendas gubernamentales creando consigo políticas públicas en forma de legislación o programas con énfasis en la producción, explotación y conservación de ambientes autóctonos tanto kilómetros en tierra como dentro de la zona económicamente exclusiva avanzando sobre el mar.
En cuanto al Mar Argentino, se presentan concepciones ociosas en su explotación entrando en discusión con las percepciones más conservacionistas flexibles o radicales de su utilización.
Esta dicotomía de ver al mar como un medio de preservación de gran vida y flora marina contra la explotación indiscriminada de recursos minerales y pesqueros ha subseguido en una pérdida de visión estratégica geopolítica sobre qué hacer verdaderamente en el Mar Argentino.
Debe tenerse en cuenta que no solo la Argentina ha valorado como un área clave al mar; a pesar de las dicotomías presentes. Potencias mundiales pusieron especial atención en elaborar estrategias de influencia global, como es el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia preservando una visión de amenaza entre hegemonía dentro del Atlántico Sur. En nuestro caso sigue vigente las heridas perpetuadas sobre el caso Malvinas y Sándwich del Sur, así como una disputa sobre el futuro de la Antártida.
Debate en Comisiones del Senado
Durante este último mes en el Senado de la Nación, ha girado un proyecto aprobado por mayoría directo de Diputados presentado por Graciela Ocaña (mandato cumplido) en conformidad con la ley 27. 037 sancionada en el año 2014, que instituye el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas destinado a proteger y conservar espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas de importancia nacional. Esta ley crea categorías de preservación de áreas marinas permitiendo actividades de explotación o únicamente científicas de acuerdo con su categoría.
Ocaña continúa el legado de la iniciativa “Pampa Azul” renombrada hace algunos años presentando la iniciativa de “Agujero Azul” bajo la categoría de reserva estricta (únicamente actividades científicas). Dentro del área yacen los restos del ARA San Juan, otro apartado es de aprobarse el proyecto se suspenderían las cuotas de pesca centralmente de la zona.
Antes de ingresar al recinto, el proyecto fue girado a la Comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable en conjunto con la Comisión de Presupuesto y Hacienda esta última presidida por el Senador Ezequiel Atauche del bloque de La Libertad Avanza (LLA), realizándose hasta el momento de publicación de este articulo dos plenarios informativos invitando a expertos en el área, representantes del Ejecutivo y Cámaras empresariales pesqueras.
Ocaña, Falabella y Aguas, claves del proyecto
Durante el primer plenario informativo que tuvo lugar el 10 de septiembre, Valeria Falabella (directora de Conservación costero marítimo de WCS), mostró imágenes del área “Agujero Azul”. Durante su presentación en diapositivas la especialista observó sobre “Agujero Azul” ser en primer lugar un área identificada de alto valor para la conservación en espacio de alta mar tanto en los fondos como en su columna de agua; sostiene una actividad costera internacional sin control ni regulaciones; se trata de unos uno de los cinco sitios a escala de global que cuentan con “pesca oscura” siendo actividades ilegales a la actividad pesquera sin saber cuánto se captura, como se captura y cuanto se descarga. Su principal actividad son poteros de calamares por ello brilla a la noche debido a utilizan luces para atraerlos y se produce la migración más importante de organismos de calamares como característica esencial del área.
La especialista Falabella agregó que “Agujero Azul” “no impacta sobre la pesquería de calamar porque actúa sobre la columna de agua, solo podemos proteger el fondo”. Se preguntó “¿por qué área protegida y no de manejo pesquero?, se busca que sea área para proteger todas las actividades siendo nuevas áreas de estudio y protección” dando como resolución los siguientes puntos a) “Agujero Azul” contiene 180 mil km de extensión de la plataforma continental; b) se contempla dentro del alcance de la ley 27.557; c) el área contiene ecosistemas marines vulnerables siendo invertebrados llamados bioingenieros que generan refugio, áreas de reproducción y alimento a otras especies d) tienen un rol importante en la captura de carbono secuestrando carbono por la estructura bioambiental, siendo importante para mitigar los efectos del cambio climático por actividad humana; e) propone al mar fuera del concepto de proveedor; plantea la degradación de los ambientes marinos, “es urgente y clave la conservación siendo las áreas marinas la mejor protección al mar y su diversidad”; y f) “8 (ocho) % de la extensión de la plataforma continental, no impacta u afecta el desarrollo y crecimiento del país. Es un mensaje que podemos dar al mundo utilizando el mar, pero también conservarlo”.
Finalizada la intervención anterior, recibió el uso de la palabra el Doctor en Ciencia Política Marino Aguas, (quien preside el Observatorio de Cambio Climático y Antártida de la Universidad de Palermo), el experto destacó que “la política debe construir algo fundamental siendo el bien público siendo este caso las áreas marinas protegidas (…) La construcción de consenso y bienes públicos no debe dejar de ser un norte. Con los medios de tenemos ¿por qué sostener un área marina?; porque podemos; podemos proyectar poder político y legitimidad política”. Sobre el rol internacional el especialista propone que “Argentina juega un rol importante en le Antártida promoviendo la desnuclearización y uno de los primeros 12 (doce) firmantes del Tratado Antártico”, sostiene que la “política ambiental positiva tiene a proyectar un poder blando y un fenómeno arquitectónico buscando construir una vida civilizada”
A continuación, se confirió el uso de la palabra a Graciela Camaño (especialista en derecho ambiental, autora del Proyecto del temario y Diputada Nacional mandato cumplido). Sostuvo que se trata de “la segunda vez que hablamos sobre “el agujero azul” que tuvo media sanción en Diputado (…) El proyecto comenzó en 2014 iniciado en Pampa Azul”, sobre la gobernanza marítima argumentó que “hoy tenemos un buen sistema con un problema en la milla 201. Todo lo referido a la gobernanza de los mares es un instrumento internacional porque los territorios de los océanos tienen una regencia internacional. Tenemos la jurisdicción para administrar, pero bajo las condiciones de Naciones Unidas. COPLA nos dijo que la plataforma nos pertenece, que Malvinas están en nuestra plataforma. Es una herramienta más sobre nuestra soberanía de nuestras islas Malvinas” sobre el proyecto exclamó que “no atenta contra el reclamo de Malvinas, tuvimos un Estado que busca asentar la tutela sobre nuestra plataforma, siendo ahora los cañones y un poco más allá. Al tener jurisdicción sobre los fondos marinos podemos hacer minería, protecciones hidrocardoriferas o resguardar la zona natural de todos nuestros recursos”. Frente a las organizaciones gubernamentales tomó la posición de considerarlas con derecho de tener “participación los tratados internacionales, tienen legitimación activa. Existe una preocupación por la sociedad y organizaciones del mundo que no tiene fronteras”. Sobre el futuro de los Océanos y su explotación reflexionó “todo el daño a los océanos nos llega a los humanos, el tema de la minería está muy verde. Existe un trabajo geoestratégico referido al Atlántico Azul, hay que seguir lo que otros siguieron hace mucho tiempo”.
La opinión del Ejecutivo y Representantes de cámaras empresariales, segundo plenario informativo
Durante el segundo plenario celebrado el pasado 2 de octubre; Presidencia concedió la palabra al el primer invitado; el Gabriel Herrera (coordinador de Política Oceánica y del Atlántico Sur); quién en primer lugar agradeció la invitación de Presidencia y Senadores presentes, luego prosiguió a partir de las observaciones de Cancillería “el proyecto siendo que necesita mayor análisis y estudio (…) las principales observaciones son que no hay información científica suficiente que justifique el ámbito de aplicación del área y que se le asigne el mayor rango de proyección, no se niega su importancia sino un diagnóstico científico que explique que queremos, para qué y de qué proteger.
Sobre el régimen jurídico expresó “en la plataforma continental argentina existe un régimen jurídico con dos tipos de normas diferenciadas, donde la columna de agua suprayacente rige la libertad de navegación y de pesca mientras que en la plataforma continental se aplica la CONVEMAR, sobre el lecho y el subsuelo la Argentina goza el derecho de explotación. Desde cancillería genera una colisión de normas de derecho internacional, el proyecto no resuelve la cuestión de pesca en la columna de agua suprayacente, únicamente se rige sobre el lecho y el subsuelo; puede haber un conflicto a la hora de controlar que terceros Estado realizan explotación de arrastre (…) siendo muy complicado cumplir con las medidas de conservación prácticamente totales”. En cuanto a actores relevante manifestó “sería útil convocar a los organismos de control sujetos a la jurisdicción nacional como Prefectura y el Ministerio de Defensa; sobre como llevaran adelante las acciones de monitoreo y control”.
Respeto a las actividades de investigación “el proyecto no permite actividades de exploración y prospección se complica realizar actividades de investigación marinas, a nuestro juicio es importante para poder definir que estamos protegiendo y para qué. Otro aspecto es desde una mirada integral de la política oceánica está bien proteger el ambiente, pero también el desarrollo económico que son recursos exclusivos de la Argentina. Al haberse adoptado un criterio de protección tan alto se ha considerado conocer si existen recursos hidrocardoriferos o polimetálicos, de alguna manera el proyecto dificulta esas actividades económicas. Se impone un criterio demasiado alto donde el principio de no regresión sería complicado realizar actividades económicas en un futuro”.
En cuanto al ámbito espacial y régimen de aplicación se refirió “el proyecto se mide en grados y segundos, el punto del límite exterior se fijaría más allá de su límite de plataforma continental entrando en conflicto con la CONVEMAR, la presentación realizada por nuestro país ante la ONU considero observaciones (…) que la Argentina ejerza soberanía podría ser cuestionado por terceros Estados. Este tipo de cuestiones pueden representar un problema”.
Posteriormente, Presidencia aprobó el uso de la palabra a Laura Tombesi; (directora de gestión ambiental del agua y ambientes acuáticos de la Subsecretaría de ambiente), en cuanto a experiencia previas “hemos sido participes de procesos de creación de áreas marinas protegidas, reconocemos la importancia de tener investigaciones científicas y su implementación. Como dijo Gabriela Navarro, hemos trabajado en propuestas de áreas marina protegida como Frente Valdés, yendo al Agujero Azul como en el 2014 lo identificamos como un área de gran importancia biológica y geológica (…) para considerarlo como un área protegida necesitamos más elementos similar al Frente Valdés, necesitamos una línea de base socioambiental de lo que tenemos en el área como pesca potencial y la actual más allá de las cuestiones biológicas (…) el área es extensa no tan homogénea podemos delimitar más el área con análisis espacial”.
Sobre políticas públicas reflexionó en cuanto a la “factibilidad de implementación, toda área marina protegida necesita sus etapas de diseño e implementación, pensando en el monitoreo eso implica campañas de investigación y financiamiento, se debe analizar el costo de poder implementarse en esta área. Cuando se creó el área marina protegida Banco Burdwood había presupuesto al ser un punto estratégico, tenía una gran jerarquía y por tanto su financiamiento”.
Seguidamente, utilizó el uso de la palabra el Darío Socrate (representantes de cámaras pesqueras); quien esclareció “los objetivos de un área marina protegida son proteger alguna cuestión del ambiente no de ordenar y administrar la pesca, para que podamos hacerlo debemos contar con estudios científicos de que se va a proteger y para qué. Como sector empresario no participamos en ninguna reunión para poder opinar”
En el marco de la legislación vigente expresó “ya tenemos áreas marinas protegidas que tienen cuestiones expresas donde no podemos pescar donde si tenemos autorización para hacerlo, entendemos que eso peces que no pescamos lo hacen en Malvinas o en la milla 201, mientras no existan planes de manejo no debería prohibirse la pesca”.
Sobre el escenario internacional consideró “en la milla 201 tomamos decisiones unilateres en contra de la CONVEMAR por no cumplir el pedido que sea un acuerdo multilateral y por ser una decisión unilateral (…) es un derecho adquirido pescar al tener permisos de gran altura, se generarían varios problemas legales”. Sobre consideraciones conceptuales manifestó “debemos tener en cuenta el concepto precautorio como principio premonitorio al cerrar algo que nunca usamos porque no sabemos si lo vamos a utilizar en un futuro, debemos avanzar sobre la administración de la pesca en la 201”.
Sobre el futuro del sector dijo que “se han generado doble varas, nos gustaría tener el mismo nivel de contemplación al igual que el sector petrolero, la administración pesquera no debe dar prohibiendo sino administrando adecuadamente (…) se puede dejar de caer y mejorar, la administración se puede dar controlando adecuadamente, sabemos de zonas que no podemos entrar, tenemos menos de la mitad disponible del mar para poder acceder a pescar no necesitamos más áreas marinas protegidas”. En otro apartado “respecto al ARA San Juan debe ser contemplado en un proyecto específico no encondido detrás de otra intención, porque también debemos hacer un monumento a esas personas, esta área genera inconvenientes para los barcos nacionales”.
El debate aún permanece en Comisiones esperando un próximo plenario informativo, de ser dictaminado avanzará al recinto.