A partir de un dictamen solicitado por la Secretaría de Educación y firmado por el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, se autoriza a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a ejercer control sobre los fondos asignados a las universidades. Esta decisión marca un avance significativo en la regulación del uso de recursos públicos en el ámbito universitario.
Se establece de manera clara que las universidades nacionales están sujetas a auditorías en el marco del sistema de control interno previsto por la Ley de Administración Financiera N°24.156. Esta ley tiene como objetivo asegurar la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos. Sin embargo, es fundamental destacar que esta supervisión no infringe la autonomía universitaria ni la autarquía administrativa, principios que garantizan la independencia en la gestión de las instituciones educativas.
La medida busca promover una mayor rendición de cuentas en la utilización de los recursos, permitiendo a la SIGEN llevar a cabo evaluaciones que aseguren el uso eficiente y eficaz de los fondos, al mismo tiempo que se respeta la autonomía esencial de las universidades para gestionar sus propios asuntos.
Se establece de manera clara que las universidades nacionales están sujetas a auditorías en el marco del sistema de control interno previsto por la Ley de Administración Financiera N°24.156. Esta ley tiene como objetivo asegurar la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos. Sin embargo, es fundamental destacar que esta supervisión no infringe la autonomía universitaria ni la autarquía administrativa, principios que garantizan la independencia en la gestión de las instituciones educativas.
La medida busca promover una mayor rendición de cuentas en la utilización de los recursos, permitiendo a la SIGEN llevar a cabo evaluaciones que aseguren el uso eficiente y eficaz de los fondos, al mismo tiempo que se respeta la autonomía esencial de las universidades para gestionar sus propios asuntos.